El Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (IIRCCC) forma parte del CUCEA de la Universidad de Guadalajara. Es la unidad académica que tiene como objeto generar investigación científica de alto nivel en materia de rendición de cuentas, combate a la corrupción, transparencia, fiscalización de finanzas públicas y evaluación y estudios de impacto de programas sociales, cuya estructura brinde una integración y una vinculación entre investigadores e instituciones para lograr abordar proyectos integrales, generando así conocimiento especializado de alto nivel que resuelva problemas específicos.
El CUCEA forma parte de la Red Universitaria de Jalisco y su misión es formar profesionales de calidad en el área de las Ciencias Económico Administrativas que mantengan un elevado sentido de responsabilidad social, que sean creativos y que puedan solucionar los problemas a los que se enfrentan con una visión internacional sólida y equilibrada por el respeto a los valores nacionales y manteniendo un compromiso con el desarrollo local, regional y nacional de nuestra sociedad.
Este informe no está elaborado para dar cuenta sobre el estado de la corrupción en México —aunque muchos de los datos recabados pueden leerse desde esa mirada—, sino sobre los instrumentos jurídicos y administrativos diseñados para combatir ese fenómeno desde sus causas. Estudiamos los datos que revelan los resultados tangibles del andamiaje institucional creado en distintos momentos del siglo XXI para: (i) evitar la discrecionalidad política en la designación de los puestos públicos (el así llamado “sistema de botín”); (ii) impedir la arbitrariedad en la asignación y el uso del gasto público; (iii) erradicar la opacidad en la información pública; (iv) sancionar a quienes cometen faltas o delitos de corrupción; y (v) garantizar que ninguna de esas prácticas desnaturalice y corrompa a la administración pública del país. Estudiamos, pues, el combate a la corrupción.
Combatir la corrupción desde sus causas equivale a liberar al Estado de quienes lo capturan para servir a sus intereses —políticos o financieros—, desviándose de sus propósitos sustantivos: la salvaguarda de los derechos consagrados en la Constitución —de todos los derechos y para todas las personas— y el uso de los recursos públicos para garantizar la igualdad y el bienestar de la sociedad en su conjunto, hasta el límite de sus posibilidades.